En Gálvez Monteagudo Abogados brindamos defensa y asesoría en derecho penal en Perú, acompañando tanto a personas naturales como a empresas en la gestión de denuncias, investigaciones y situaciones de crisis. Diseñamos estrategias de defensa desde las diligencias iniciales hasta la resolución del proceso, en casos como delitos económicos, lavado de activos, estafas y otros ilícitos, con un enfoque orientado a resultados.
Nuestro equipo combina dominio de la normativa penal con una sólida litigación oral, manejo de crisis y enfoque multidisciplinario, lo que nos permite actuar con precisión en escenarios de alta complejidad. Asesoramos a empresas en la prevención y gestión del riesgo penal, y a personas en la protección de sus derechos frente a investigaciones, permitiendo anticipar contingencias, tomar decisiones informadas y afrontar procesos penales con seguridad.
Estamos ante una estafa, y no un simple incumplimiento, cuando antes de firmar el contrato ya existen circunstancias que demuestran que la otra parte no tenía intención de cumplirlo. Es decir, utilizó el contrato como herramienta para generar confianza y lograr que la víctima disponga de su patrimonio.
Una empresa, aunque esté conformada por personas, se considera una sola entidad. Por eso, el Estado protege que sus directivos no se aprovechen de sus facultades para generar perjuicios patrimoniales, ya que estos afectan tanto interna como externamente la economía de la compañía.
Se incurre en este delito al encubrir el origen ilícito de dinero, bienes o recursos, generalmente provenientes del narcotráfico, corrupción o delitos ambientales como minería y tala ilegal.
El Decreto Legislativo N.° 11066 tipificó el lavado de activos como delito autónomo. Esto significa que no depende de probar el delito precedente para sancionar el blanqueo de capitales. Las penas pueden llegar hasta 20 años de prisión, dependiendo de la modalidad y agravantes.
No directamente. Están regulados en la Ley 28008 – Ley de Delitos Aduaneros, que abarca contrabando, receptación aduanera, defraudación de rentas, financiamiento y tráfico de mercancías prohibidas o restringidas. Esta norma fue modificada por el Decreto Legislativo N.° 1542, que define cuándo una conducta se considera punible.
Porque remite a otras leyes (como la Ley General de Aduanas) para definir las conductas delictivas. Es decir, no basta con leer la Ley 28008, sino que requiere normas complementarias para entender cuándo un acto es sancionable.
La Ley N.° 30096 – Ley de Delitos Informáticos (vigente desde 2013) previene y sanciona conductas ilícitas que afectan sistemas, datos, comunicaciones y bienes jurídicos como el patrimonio, la fe pública o la libertad sexual.
Puedes denunciarlo en la Unidad Especializada contra la Ciberdelincuencia o a través de la mesa de partes virtual del Ministerio Público. La mayoría de casos en Perú involucran suplantación de identidad y estafa.
En nuestro despacho comprendemos la complejidad y sensibilidad de los delitos sexuales. Ya sea que necesite protección como víctima o una defensa técnica especializada ante una acusación, nuestro equipo penalista le ofrece asesoría estratégica basada en la legislación vigente y la protección de sus derechos fundamentales.
Es cualquier acto de contenido sexual realizado sin el consentimiento libre de la otra persona. Abarca desde el acoso y los tocamientos no deseados hasta la agresión sexual. La clave legal hoy es la ausencia de voluntad clara del afectado.
No. La ley actual determina que cualquier acto sexual sin un «sí» expreso es punible. Se considera agresión si la víctima no consiente, ya sea por oposición, por incapacidad (embriaguez/drogas) o por ser menor de edad, independientemente de si hubo fuerza física.
La ley actual determina que cualquier acto sexual sin un «sí» expreso es punible. Se considera agresión si la víctima no consiente, ya sea por oposición, por incapacidad (embriaguez/drogas) o por ser menor de edad, independientemente de si hubo fuerza física.
Órdenes de alejamiento y restricciones de contacto, esenciales para resguardar a las víctimas.
Sí. La denuncia puede ser anónima y presentarse ante la policía.
Sí, y además las autoridades tienen la obligación de recibir la denuncia y brindar asesoría legal.
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