El accidente ocurrido el pasado 22 de abril en el campamento Yanacancha de la Minera Antamina —donde un volquete impactó una camioneta, causando la muerte de un gerente operativo—, sumado al accidente del 24 de abril en la minera Cerro Verde, donde un trabajador de 35 años falleció tras ser golpeado por la manguera de una bomba telescópica, ha vuelto a poner en agenda un tema que muchas veces se subestima: la seguridad en el centro de trabajo.

Desde el punto de vista legal, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su reglamento, imponen al empleador la obligación de adoptar medidas de prevención en el puesto de trabajo para evitar accidentes laborales. La gestión de prevención de la seguridad de los trabajadores exige una planificación jurídica conjuntamente con las actividades operativas alineada con los riesgos reales de cada puesto. La idea es que las acciones planeadas (verbales, mesa de trabajo) se lleven a la realidad, es decir al puesto de trabajo

Sin embargo, no basta con contar con manuales o registros de inspección. La implementación de protocolos de seguridad debe estar constantemente supervisada por el empleador que garantice su cumplimiento normativo.

Como abogados laboralistas, advertimos que la gestión de seguridad empresarial debe incorporar:

  • Un diagnóstico legal de riesgos en función de la actividad económica. IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles).
  • Procedimientos claros y documentados para el manejo de maquinaria, desplazamientos, señalización y accesos.
  • Protocolos específicos para contratistas y personal externo.
  • Evaluación de cumplimiento por parte de los responsables jerárquicos.
  • Simulacros y controles periódicos supervisados desde la gerencia legal o el área de cumplimiento.

La normativa vigente no distingue entre operarios, técnicos o ejecutivos: todos los trabajadores deben estar protegidos por igual. Omitir a alguno en el control de riesgos puede derivar en sanciones administrativas por parte de SUNAFIL, demandas civiles por daños y perjuicios, e incluso procesos penales en caso de negligencia grave.

La seguridad en el trabajo no es un tema técnico aislado, sino un componente esencial de la obligación legal y de la sostenibilidad empresarial. Una empresa que ignora estos aspectos se expone no solo a consecuencias jurídicas, sino también a daños reputacionales y pérdidas humanas irreparables.

Una asesoría legal eficiente es la forma más segura de evitar riesgos. En Gálvez Monteagudo ofrecemos una asesoría empresarial integral y personalizada en Derecho Laboral, somos tu socio en soluciones legales inteligentes. Contáctenos.