1. Contexto general
El combate al crimen organizado y al lavado de activos exige herramientas legales que permitan desarticular redes complejas que operan dentro y fuera del país.
En el Perú, dos normas son esenciales en este esfuerzo:
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Ley N.º 30077 (Ley contra el Crimen Organizado): define qué es una organización criminal y regula los procedimientos para su investigación y juzgamiento.
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Decreto Legislativo N.º 1106: refuerza las facultades del Ministerio Público para investigar delitos como el lavado de activos y autoriza medidas de decomiso y cooperación internacional.
Ambas normas buscan mejorar la capacidad del Estado para identificar, investigar y sancionar estructuras delictivas complejas.
2. Qué se entiende por organización criminal
La Ley 30077 considera organización criminal a todo grupo de tres o más personas que se reparte funciones o tareas de manera estable o temporal, con el propósito de cometer delitos.
Esta definición permite imputar responsabilidades no solo a quienes ejecutan el delito directamente, sino también a quienes lo planifican, financian o facilitan, abriendo paso a investigaciones más amplias basadas en la estructura y jerarquía del grupo.
3. El Decreto Legislativo 1106 y sus herramientas procesales
El DL 1106 amplió la capacidad del Ministerio Público para actuar frente al lavado de activos y delitos conexos, introduciendo dos aspectos claves:
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Autonomía del delito: se puede investigar y sancionar el lavado de activos sin necesidad de probar previamente el delito fuente.
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Prueba indiciaria: se permite sustentar las investigaciones con indicios sólidos (movimientos financieros, transferencias, comunicaciones), dado que las pruebas directas suelen ser escasas en estos casos.
Estas facultades han sido decisivas para casos como Odebrecht, Los Dinámicos del Centro o Los Cuellos Blancos del Puerto, donde las redes de corrupción usaron empresas o terceros para ocultar bienes.
4. Responsabilidad de las personas jurídicas y el compliance
El marco legal peruano también reconoce la responsabilidad de las personas jurídicas a través de la Ley N.º 30424, modificada por el DL N.º 1352.
Esto significa que una empresa puede ser sancionada si se demuestra que fue utilizada para cometer delitos como lavado de activos o corrupción.
Sin embargo, la ley prevé una salida:
Si la empresa demuestra que contaba con un modelo de prevención (compliance) eficaz y anterior al delito, puede eximirse o reducir su responsabilidad.
Este enfoque incentiva la implementación de programas reales de prevención dentro de las organizaciones.
5. Cooperación internacional e investigación transnacional
La combinación entre la Ley 30077 y el DL 1106 ha permitido el uso de técnicas avanzadas de investigación, como:
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Interceptaciones telefónicas y agentes encubiertos.
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Colaboración eficaz y protección de testigos.
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Asistencia judicial internacional para el bloqueo de cuentas y recuperación de activos.
Estas herramientas han sido esenciales en la persecución de redes criminales con operaciones fuera del Perú, aunque también generan debates sobre su proporcionalidad y control judicial.
6. Desafíos y riesgos constitucionales
A pesar de los avances, existen cuestionamientos sobre la compatibilidad de estas medidas con los principios constitucionales:
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Presunción de inocencia: se discute si las medidas patrimoniales sin condena vulneran este principio.
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Derecho de propiedad: se cuestiona la pérdida de bienes sin una sentencia firme.
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Debido proceso y carga probatoria: el uso extensivo de indicios puede afectar a personas que no pueden demostrar el origen lícito de sus bienes.
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Terceros de buena fe: muchas veces, compradores o socios legítimos son afectados por vínculos indirectos con actividades ilícitas.
7. Eficacia y retos pendientes
La articulación entre el DL 1106, la Ley 30077 y la Ley 30424 ha fortalecido la capacidad estatal para recuperar activos y perseguir redes criminales, pero aún quedan desafíos:
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Asegurar controles judiciales más estrictos.
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Definir criterios probatorios claros.
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Proteger efectivamente a los terceros de buena fe.
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Promover una cultura real de compliance en el sector empresarial.
Conclusión
La responsabilidad penal de las organizaciones criminales en el Perú representa un avance decisivo en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.
Sin embargo, su eficacia debe equilibrarse con el respeto a los derechos fundamentales y la seguridad jurídica.
Solo así este marco legal podrá consolidarse como una herramienta legítima, moderna y efectiva en la construcción de un Estado de Derecho sólido.