El megapuerto de Chancay, con una inversión superior a los 3,600 millones de dólares liderada por el consorcio chino COSCO Shipping (60%) en asociación con Volcan (40%), representa el proyecto de infraestructura portuaria más ambicioso en la historia del Perú. Sin embargo, su desarrollo ha generado un intenso debate sobre dos aspectos críticos: la posible vulneración de la soberanía nacional y el riesgo de distorsiones competitivas en el mercado portuario.
La Dimensión Geopolítica: ¿Vulneración de la Soberanía?
La concentración de control operativo en manos de un consorcio mayoritariamente chino sobre una infraestructura estratégica plantea interrogantes legales y constitucionales de primer orden:
Control de infraestructura crítica: El puerto no solo movilizará carga comercial, sino que potencialmente podría servir para operaciones de diversa índole. La participación mayoritaria extranjera en la gestión de un activo de esta naturaleza genera preocupaciones sobre la capacidad del Estado peruano para ejercer control efectivo sobre sus propios recursos estratégicos.
Tratamiento regulatorio diferenciado: Existe preocupación sobre si el marco regulatorio aplicable al Puerto de Chancay garantiza condiciones equivalentes a las que enfrentan otros operadores portuarios nacionales, o si existen incentivos o facilidades que podrían interpretarse como concesiones que comprometen el principio de igualdad ante la ley.
Asimetría de información: La participación de un operador extranjero de esta magnitud podría generar desequilibrios en el acceso a información comercial sensible, datos de flujos logísticos y patrones de comercio exterior que son estratégicos para la toma de decisiones de política económica nacional.
Riesgo de Distorsión del Mercado Portuario
Desde una perspectiva de libre competencia, el ingreso del Puerto de Chancay al ecosistema portuario peruano plantea desafíos significativos:
Desequilibrio competitivo: Si el Puerto de Chancay opera bajo condiciones regulatorias, tributarias o aduaneras más favorables que otros terminales portuarios peruanos (Callao, Paita, Matarani), se configuraría una distorsión del mercado que vulneraría el principio de competencia leal. Los operadores establecidos podrían verse en desventaja estructural frente a un competidor con respaldo financiero ilimitado y potenciales subsidios indirectos.
Concentración de mercado: La capacidad proyectada de Chancay (1 millón de TEUs en fase inicial, expandible a 6 millones) podría monopolizar rutas comerciales específicas, particularmente aquellas vinculadas al comercio con Asia. Esta concentración podría reducir opciones para exportadores e importadores peruanos, afectando la negociación de tarifas y condiciones de servicio.
Impacto en otros puertos: El Callao, que actualmente maneja aproximadamente el 90% del comercio exterior peruano, podría experimentar una reconfiguración forzada de su modelo de negocio. Si esto ocurre sin una planificación adecuada o sin salvaguardas regulatorias, podría resultar en pérdida de empleos, desinversión y debilitamiento de la infraestructura portuaria existente.
Control de cadenas logísticas: La integración vertical que COSCO Shipping puede desarrollar (control portuario, navieras, agentes de carga) le permitiría dominar toda la cadena logística, generando barreras de entrada para otros operadores y reduciendo la competencia en el sector.
Desafíos para el Control Aduanero en un Contexto de Asimetría
La vulnerabilidad soberana y las distorsiones de mercado tienen consecuencias directas sobre el control aduanero:
Autonomía operativa: Si el operador portuario goza de excesiva autonomía en sus procedimientos internos, la SUNAT podría enfrentar limitaciones para ejercer sus facultades de fiscalización plena, especialmente si existen zonas o procedimientos que escapan al escrutinio regular.
Competencia desleal vía facilitación aduanera: Eventuales acuerdos de facilitación aduanera específicos para Chancay, sin extensión a otros puertos, podrían constituir una forma de competencia desleal que favorezca artificialmente a ciertos importadores y exportadores.
Riesgos de seguridad nacional: Un control aduanero debilitado o parcialmente delegado podría abrir brechas para actividades ilícitas, desde contrabando hasta tráfico de sustancias prohibidas, con implicaciones para la seguridad nacional.
Perspectiva Legal y Recomendaciones
Desde Gálvez Monteagudo Abogados, consideramos que la situación del Puerto de Chancay requiere una evaluación jurídica integral que contemple:
- Revisión del marco concesional: Es imperativo verificar que los contratos de concesión respeten los límites constitucionales sobre recursos estratégicos y no contengan cláusulas que limiten la capacidad regulatoria del Estado peruano.
- Garantías de competencia: Las autoridades de competencia (INDECOPI) deben monitorear activamente el mercado portuario para prevenir prácticas anticompetitivas, abuso de posición dominante o competencia desleal.
- Fortalecimiento del control aduanero: La SUNAT debe recibir recursos adicionales y facultades expresas para ejercer control efectivo sobre todas las operaciones del puerto, sin restricciones derivadas del contrato de concesión.
- Salvaguardas de soberanía: Debe establecerse claramente en la normativa sectorial que, en circunstancias de interés nacional o seguridad, el Estado peruano mantiene facultades plenas de intervención y control sobre la infraestructura portuaria.
- Transparencia y reciprocidad: Cualquier tratamiento regulatorio favorable debe estar sujeto a principios de transparencia y reciprocidad, asegurando que otros operadores puedan acceder a condiciones equivalentes.
El Puerto de Chancay puede ser un motor de desarrollo económico para el Perú, pero solo si su operación se enmarca dentro de un régimen legal que preserve la soberanía nacional, garantice la competencia leal y mantenga la integridad del control aduanero. El desafío del Estado peruano es aprovechar esta infraestructura sin comprometer su capacidad de regular, fiscalizar y proteger el interés nacional.