El beneficio de defensa legal alcanza a todos aquellos servidores o exservidores que se encuentren inmersos en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales, fiscales y policiales, procesos e investigaciones resultantes de sus labores realizadas en cumplimiento de sus deberes. Así lo establece la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC modificado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 103-2017-SERVIR-PE.
Para acceder a dicho beneficio el solicitante expone ante el titular de la entidad para la cual trabaja o ha trabajado, su petición de que el servicio de asesoría jurídica que corresponda a su defensa sea financiado por la entidad que lo hubiera contratado. Para tal efecto, en su solicitud ingresada por trámite documentario, el peticionante deberá acreditar la calidad de denunciado, investigado, procesado, imputado, demandado, testigo, tercero civilmente responsables y/o haber sido citado para alguna actuación de alguna prueba en los procesos, procedimientos previos o investigaciones vinculados a omisiones, acciones o decisiones en el ejercicio regular de sus funciones o bajo criterios de gestión como servidor o exservidor.
Entre los principales requisitos para acceder al beneficio de marras se encuentran que el solicitante debe señalar y anexar a su solicitud los datos del expediente del procedimiento o del proceso de investigación respectivo, con la debida narración de los hechos, acompañando una copia de la notificación o comunicación de la citación o emplazamiento recibida, con la que se acredita la calidad del emplazamiento y la mención expresa de los hechos imputados vinculados a omisiones, acciones o decisiones en el ejercicio regular de sus funciones.
Todo ello constituye una condición indispensable para la eficacia del pedido ya que se requiere acreditar que existen fundados elementos que permitan inferir el inminente inicio de un proceso o procedimiento en su contra.
Del mismo modo, se requiere también añadir por escrito una propuesta de servicio de defensa, un compromiso de reembolso y otro de devolución. En la propuesta de servicio de defensa se deberá precisar si sólo se patrocinará al solicitante por el referido proceso o únicamente por una etapa del mismo, indicando las razones de dicha propuesta y el costo estimado de los respectivos honorarios profesionales.
Cabe anotar que este beneficio no constituye un obsequio inmoral de parte del Estado para aquellos funcionarios y servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, hubiesen delinquido en detrimento de la cosa pública. Esto es así porque en el supuesto que se demuestre la responsabilidad personal del solicitante en los hechos objeto de investigación, conforme a los compromisos de reembolso y de devolución previamente suscritos, aquél deberá devolver a la entidad los costos y las costas determinados a su favor.
El beneficio viene a cubrir la integridad de funcionarios y servidores públicos que habiendo cumplido sus funciones dentro del marco de la Constitución, de la ley y de la moralidad, no se vean perjudicados económicamente con investigaciones y procesos que estando condenados a su archivamiento, sin embargo terminan generando daños económicos a quienes tienen que enfrentarlos. Es lo menos que puede hacer el Estado para quien sí se portó conforme a las expectativas sociales y no se aprovechó jamás del cargo, motivo por el cual no tiene ahora que ser perjudicado por haber hecho debida y adecuadamente su trabajo.
En Gálvez Monteagudo Abogados tenemos la experiencia y el conocimiento para ejercer la defensa de funcionarios y servidores públicos que deseen contar con este beneficio y que, de antemano, sepan que acceden a él con razón y por justicia.
Eduardo Gálvez Monteagudo, Socio Fundador que lidera el Estudio Gálvez Monteagudo Abogados cuenta con más de 45 años de sólida experiencia en el ámbito de servicios legales en el Perú y a nivel internacional. Su experiencia legal con visión empresarial lo respalda, contando con la confianza y seguridad de sus clientes.
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