El día de ayer 5 noviembre, la congresista Diana Gonzales, en su calidad de vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, planteó una cuestión previa – el cual es un mecanismo de defensa técnico que se utiliza en un proceso para oponerse a una acción cuando falta algún requisito de procedibilidad – con la finalidad, de que el dictamen ya existente regrese a asesoría técnica lo cual genera una nueva prórroga en la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), y posteriormente, se acumule con el proyecto de la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) que presentará el Gobierno el próximo jueves 14 de noviembre.
Dicha decisión, ha creado controversia, considerando que varios congresistas expresan que ya es momento que se organice a los pequeños productores mineros y que se formalice a los que realizan actividades ilegales, debiéndose de manera inmediata culminar la norma y hacerla pública sin mayor dilatación de la ya existente; sin embargo, otros congresistas aducen la importancia de la formalidad expresada por la comisión de Energía y Minas del Congreso, razón por la cual, debería de cumplirse con el censo Nacional Catastral Minero de la Pequeña Minería y Minería artesanal por parte del INEI, con participación del INGEMMET y los gobiernos regionales, bajo la supervisión y fiscalización de OSINERGMIN; permitiendo así, contar con un diagnóstico idóneo y objetivo de la realidad actual, y, con ello, facilitar el consenso para la aprobación de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).
Siendo así, quedaría preguntar, estás de acuerdo que se suspenda la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) hasta que exista un censo, o, debería expedirse dicha norma sin más requerimiento alguno.