El crimen organizado es una forma de criminalidad compleja que se distingue del delito común por su carácter estructurado y persistente. Se trata de organizaciones que operan de manera jerarquizada o en red, con división de funciones y una finalidad lucrativa o de poder. Además, poseen la capacidad de infiltrarse en instituciones estatales, la economía formal e incluso en la política, lo que las convierte en una amenaza directa para el Estado de derecho.
Marco legal en el Perú
El Perú ha adoptado herramientas normativas que refuerzan la respuesta frente a este fenómeno. A nivel internacional, la Convención de Palermo establece obligaciones de cooperación en extradición, asistencia jurídica y confiscación de bienes. En el plano interno, la Ley N.º 30077 contra el Crimen Organizado regula procedimientos especiales para la investigación y juzgamiento de estas estructuras, mientras que el Decreto Legislativo N.º 1373 sobre extinción de dominio permite retirar del mercado los bienes ilícitos bajo control de estas organizaciones.
Estrategias legales clave
La lucha contra el crimen organizado exige un enfoque integral. En la etapa de investigación, resulta esencial contar con fiscalías especializadas, recurrir a la cooperación internacional y emplear medidas excepcionales de investigación como escuchas o entregas controladas, siempre bajo control judicial. A ello se suma la inteligencia financiera, indispensable para seguir la ruta del dinero y desarticular el lavado de activos.
Un segundo frente es el ataque al patrimonio, utilizando la extinción de dominio, medidas cautelares sobre bienes y una adecuada gestión estatal de los activos incautados. En el ámbito procesal, destacan la colaboración eficaz, la protección de testigos y la intervención de salas especializadas con jueces capacitados en delitos complejos.
Finalmente, ninguna estrategia será efectiva sin un sólido componente de gobernanza y transparencia. Combatir la corrupción institucional, controlar precursores químicos, reforzar la regulación financiera y fomentar la cooperación público-privada son pasos decisivos para evitar la captura del Estado por redes criminales.
Desafíos y límites
La eficacia de estas herramientas depende de su aplicación con pleno respeto a las garantías constitucionales. El debido proceso, el derecho de propiedad lícita y el principio de legalidad penal son salvaguardas que no deben ser sacrificadas. Además, persisten obstáculos prácticos como la corrupción, la complejidad probatoria en delitos transnacionales y los vacíos normativos.
El combate al crimen organizado requiere determinación, coordinación internacional y un uso estratégico de las herramientas legales. Pero, sobre todo, exige que las medidas se apliquen con legitimidad y respeto a los derechos fundamentales. Solo así podrá garantizarse una respuesta eficaz y sostenible frente a una amenaza que no solo atenta contra la seguridad, sino contra la propia institucionalidad democrática.
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