La situación que atraviesa Petroperú ya no puede ser vista únicamente como una dificultad financiera de una empresa estatal. Lo que está en juego es mucho más amplio.
Está en juego la forma en que se administra una empresa pública. También la responsabilidad de quienes toman decisiones, los derechos de sus acreedores y trabajadores y, sobre todo, la capacidad del Estado para sostener una empresa que durante los últimos años ha requerido sucesivos mecanismos de apoyo.
Las cifras muestran una situación bastante delicada. Petroperú ha acumulado importantes pérdidas y mantiene un nivel de endeudamiento que compromete seriamente su capacidad financiera. A ello se suma la paralización de la Refinería de Talara por falta de inventario de crudo y la dificultad para obtener liquidez en condiciones normales.
Pero hay un dato que, desde mi punto de vista, resulta todavía más preocupante: la inestabilidad en la conducción de la empresa. Desde julio de 2021, Petroperú ha tenido entre 11 y 13 presidentes de directorio, con una permanencia promedio cercana a cinco meses.
Es difícil exigir resultados sostenibles cuando quienes tienen la responsabilidad de conducir una empresa de esta magnitud permanecen tan poco tiempo en sus cargos. Una empresa puede cambiar de estrategia, pero no puede cambiar permanentemente de dirección sin asumir un costo. Ese costo se paga en continuidad, en confianza y en la calidad de la toma de decisiones.
Por eso, el reciente cambio de directorio debe ser visto como una oportunidad, pero no como la solución al problema.
La nueva gestión tendrá que enfrentar una situación bastante más compleja que la simple necesidad de conseguir financiamiento. Tendrá que recuperar la confianza de proveedores y acreedores, y ordenar la estructura interna. Sobre todo, tendrá que demostrar que sus decisiones responden a una estrategia empresarial y no a la urgencia del momento.
En ese contexto, también merece una revisión la decisión adoptada por el directorio saliente el 5 de agosto de 2026, un día antes del cambio de administración. Esa decisión incluyó una nueva estructura organizacional con modificaciones salariales y bonificaciones.
Esto no significa afirmar, sin una revisión previa, que exista una irregularidad. Sin embargo, por la oportunidad en que se tomó la decisión, considero razonable que sea evaluada desde la perspectiva de su necesidad, motivación y razonabilidad.
En una empresa estatal, la autonomía de gestión no significa ausencia de responsabilidad. Las decisiones del directorio deben responder al interés de la empresa y encontrarse debidamente sustentadas, especialmente cuando pueden generar compromisos económicos en una entidad que atraviesa una situación financiera crítica.
El componente constitucional
A esta problemática se suma un aspecto jurídico que no puede pasar desapercibido: el proceso de reorganización de Petroperú se encuentra sustentado en el Decreto de Urgencia N.° 010-2025.
La norma establece un régimen especial para hacer frente a la situación patrimonial de la empresa y permitir su reorganización. Sin embargo, su constitucionalidad ha sido cuestionada. El Tribunal Constitucional viene conociendo las demandas interpuestas contra dicho decreto. De acuerdo con la información más reciente, los procesos fueron vistos en audiencia y quedaron al voto.
Este punto es importante porque la reorganización de una empresa de la dimensión de Petroperú no puede descansar sobre un escenario de incertidumbre jurídica.
Si el Tribunal Constitucional determina que el decreto es constitucional, el proceso tendrá un respaldo jurídico más claro. Si ocurre lo contrario, el Estado deberá tener preparada una alternativa que permita continuar con la reorganización sin generar un vacío que termine agravando la situación de la empresa.
En otras palabras, la urgencia económica no puede llevarnos a dejar de lado la seguridad jurídica.
¿Reorganización o Nuevo Rescate?
Aquí considero que está el verdadero problema.
Durante los últimos años, una parte importante de la discusión se ha concentrado en cuánto dinero necesita Petroperú y cuánto está dispuesto a aportar nuevamente el Estado. Sin embargo, la pregunta debería ser distinta: ¿qué se está haciendo para que Petroperú pueda ser sostenible y no vuelva a necesitar un rescate en el futuro?
Una inyección de recursos puede solucionar una emergencia de liquidez, pero no necesariamente resuelve un problema estructural.
¿Qué debe definir la reorganización patrimonial?
La reorganización patrimonial que viene impulsándose debe servir para determinar con claridad:
- Qué activos son estratégicos.
- Cuáles pueden ser puestos en valor.
- Qué actividades requieren participación privada.
- Cómo se atenderán las obligaciones que actualmente mantiene la empresa.
No se trata simplemente de vender activos para obtener dinero. Tampoco de mantenerlos todos por razones políticas o estratégicas, sin analizar su verdadera capacidad de generar valor. Se necesita, en cambio, una decisión empresarial sustentada en información financiera, técnica y jurídica.
¿Qué pasa con los acreedores?
Aquí aparece otro elemento que considero fundamental: los acreedores.
Si los proveedores comienzan a exigir pagos al contado, o evalúan acciones para recuperar sus acreencias, la situación deja de ser solamente un problema interno de Petroperú. El documento analizado ya advertía sobre este escenario.
Por eso, cualquier reorganización seria debe considerar también la posición jurídica de quienes tienen créditos frente a la empresa. La condición de empresa estatal no puede convertirse en argumento para desconocer los derechos de los acreedores.
Por el contrario, la existencia de reglas claras para el tratamiento de las obligaciones puede ser precisamente uno de los elementos que permita recuperar la confianza y asegurar la continuidad de las operaciones. [ENLACE INTERNO: post relacionado sobre recuperación de deudas o litigios financieros].
Y los Trabajadores También Cuentan
Hay otro aspecto que tampoco debería quedar fuera del análisis: el impacto laboral de cualquier proceso de reorganización.
Modificar estructuras, reducir costos o cambiar determinadas condiciones de operación necesariamente puede tener efectos sobre los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Estas decisiones tendrán que realizarse respetando el marco laboral aplicable y los derechos derivados de la negociación colectiva.
Una reorganización que ignore este componente corre el riesgo de trasladar el problema financiero hacia nuevos conflictos laborales y judiciales.
Por ello, la gestión de Petroperú no debería limitarse a una estrategia financiera. Tiene que ser también jurídica, laboral y corporativa.
¿Todavía es Posible Evitar el Colapso?
Considero que sí, pero el margen de error es cada vez menor.
La nueva gestión tiene la oportunidad de ordenar una empresa marcada, durante los últimos años, por pérdidas, endeudamiento e inestabilidad en su conducción. Pero para hacerlo necesita algo más que recursos públicos.
Necesita una dirección estable, decisiones técnicamente sustentadas y una hoja de ruta que pueda mantenerse independientemente de los cambios políticos.
También será indispensable que el proceso de reorganización sea transparente. La ciudadanía tiene derecho a saber qué se está haciendo con una empresa cuyo sostenimiento finalmente tiene impacto sobre las finanzas públicas.
Y, sobre todo, el Estado debe definir cuál será su verdadero papel en Petroperú hacia adelante.
No podemos seguir planteando el debate únicamente en términos de «salvar» o «no salvar» a Petroperú. El verdadero debate es qué empresa queremos tener, cuál es su función dentro del sector hidrocarburos y bajo qué condiciones puede continuar siendo sostenible.
Porque si después de una nueva inyección de recursos volvemos a encontrarnos dentro de algunos años con el mismo problema, entonces no habremos solucionado la crisis. Simplemente la habremos postergado.
Desde una perspectiva jurídica, este es quizás el momento para exigir algo que durante mucho tiempo ha faltado: estabilidad en la gestión, responsabilidad en las decisiones y claridad respecto del modelo empresarial que se quiere construir.
Petroperú todavía puede recuperarse. Pero para ello no basta con evitar que la empresa colapse hoy.
La verdadera tarea es lograr que el Estado no tenga que volver a rescatarla mañana.
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