En el ámbito de la libre competencia, muchos empresarios creen que los riesgos legales surgen únicamente ante acuerdos explícitos para fijar precios o repartirse el mercado. Sin embargo, existe una práctica mucho más común (y frecuentemente subestimada) que puede acarrear sanciones administrativas: el intercambio de información estratégica entre competidores.
Es importante considerar, que no toda comunicación entre agentes económicos es ilícita. El problema surge cuando la información compartida reduce la incertidumbre competitiva del mercado.
La línea roja aparece cuando empresas competidoras comparten información estratégica, tales como: precios futuros, márgenes comerciales, volúmenes de producción, estrategias de expansión, clientes relevantes, descuentos o políticas comerciales. En estos casos, el intercambio puede facilitar conductas coordinadas y afectar la competencia efectiva.
Cabe destacar, que las autoridades no analizan solamente contratos o pactos formales, también evalúan los correos electrónicos, chats corporativos, reuniones gremiales e intercambios informales de información.
Cuando las empresas dejan de competir de forma independiente, el consumidor termina perjudicado, por que paga más, tiene menos opciones, o enfrenta menor innovación.
La prevención es parte esencial de la gestión corporativa, por ello es altamente recomendable que las empresas implementen programas de compliance en libre competencia, a los fines de evitar procedimientos administrativos sancionadores y daños reputacionales.
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