Contrataciones del Estado

El 10 de mayo pasado el Pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen que recae en una serie de proyectos de ley presentados entre los años 2022 y 2023 con el propósito de modificar la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado (proyectos de ley 5472/2022, 5362/2022, 6475/2023 y 7388/2023) encontrándose a la espera de la promulgación por el Poder Ejecutivo. Es por ello que, considero necesario, apartado y lejano de intereses particulares y haciendo primar el interés del Perú hacer ciertas precisiones:

  • Se ha aumentado el tope para las aprobaciones de la Entidad en los adicionales de obra hasta el 30%, lo que evitará que la CGR siga paralizando obras al no aprobar dichos incrementos.
  • El artículo 76.4 dispone que las controversias relacionadas a prestaciones adicionales aprobadas por la entidad sí pueden ser sometidas a Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD) o arbitraje, por lo que, en caso de aprobarse el proyecto, los adicionales serán materia arbitrable. ¡Al fin nos dan la razón!
  • El artículo 81 incluye un listado de materias que pueden ser sometidas a conciliación, lo que no va de la mano con la realidad, claro está que nos opusimos a su inclusión, veremos cual es el resultado, mi experiencia de mas de 20 años viendo contrataciones me dice que el Estado (los procuradores) NO concilian y básicamente por un tema de responsabilidad.
  • El OSCE cambia de nombre por Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes -ver para creer- con expreso animus jocandi, pero con gran expectativa.
  • Se incluye una nueva modalidad de contratación denominada Compra Pública de Innovación (CPI), a través de la cual se pueden obtener soluciones innovadoras derivadas de actividades de investigación y desarrollo, cuando el mercado no ofrezca un bien o servicio específico o, si en caso lo hubiera, requiera ser adaptado, ajustado o mejorado, para satisfacer la necesidad de la Entidad.
  • Posibilidad de usar contratos estándar internacionales tipo NEC/FIDIC, con un espíritu colaborativo, contratos que ya vienen siendo utilizados por diferentes entidades y con no menor éxito y gran eficiencia. Como pendiente, capacitar a los funcionarios de CGR principalmente.
  • Se suma el concepto como Principio de las contrataciones públicas: Valor por Dinero: principio que permitirá seleccionar al mejor (y no más barato) postor, teniendo como criterios para su elección la calidad, la sostenibilidad de la oferta y la evaluación de los costos y plazos.
  • Cuando los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional establezcan que el incumplimiento del plazo para presentar reclamaciones sobre el plazo y el monto del contrato es sancionado con la pérdida del derecho a modificarlos o con el no reconocimiento de la reclamación, el referido plazo es considerado como uno de caducidad.
  • El régimen de contratos gobierno a gobierno se utilizarán en los supuestos específicos de: (i) objetos contractuales de alta complejidad y (ii) adquisición de bienes y servicios estratégicos para la defensa nacional.
  • Ha dejado de regularse el Registro Nacional de Árbitros (RNA). El OECE registrará a los Centros de Arbitraje en el registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas. Los árbitros que integran actualmente el RNA-OSCE continuarán en él hasta la finalización de los procesos arbitrales.
  • Consideramos que reducir la tasa por apelación del 3% al 0.5% no es nada bueno, pues resultará en abarrotar al TCE de recursos inoficiosos muchas veces, lo que acarreará la suspensión del perfeccionamiento de los contratos y la consecuente reducción de la ejecución presupuestal en desmedro de la población.

Creo que el Poder Ejecutivo observará el dictamen aprobado por el Congreso, ustedes que opinan?

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